Argentina está en condiciones de prever o evitar un atentado terrorista?

La dinámica estratégica y táctica de las organizaciones terroristas en el mundo cambiante, su capacidad de utilizar armas químicas y su posibilidad de recrear condiciones de crecimiento y operación vía redes sociales en casi cualquier lugar del planeta requieren un abordaje comprensivo y racional.

Argentina sufrió atentados terroristas en su pasado reciente, y su actual proceso de reencuadramiento estratégico en la relación con los países de Occidente en la materia, principalmente con los Estados Unidos y aliados, algunos de ellos en Medio Oriente, requiere un análisis concreto de las capacidades y los desafíos del sistema local para prever o evitar actos terroristas en nuestro territorio.
El primer aspecto que, estimo, la Argentina debe revisar es su enfoque normativo de regulación del fenómeno, dado que el tipo penal del delito de terrorismo y su delito asociado denominado financiamiento del terrorismo se encuentran umbilicalmente unidos a la regulación establecida por organismos internacionales, cristalizada en varias convenciones y protocolos.

Es importante para esto tener en cuenta que el fenómeno se encuentra compuesto, básicamente, por tres variables: el acto terrorista (por ejemplo, un atentado con bomba, el secuestro de un embajador); la organización terrorista (ISIS, Al Qaeda, Hezbollah, Boko Haram, etcétera), y el financiamiento del terrorismo. Cada una de estas dimensiones debe tener una regulación consistente y coherente en su conjunto.

Sin entrar en demasiadas precisiones, interesa indicar que para la ley argentina el agravante del terrorismo se aplica a cualquier delito del Código Penal “cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”; excluyendo el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Como está, resulta una tipificación inasible y de difícil aplicación, dadas su amplitud y su indeterminación; y genera cierto vacío para dar soporte a la investigación de las organizaciones terroristas.

Más allá de los listados de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos que por obligación o reciprocidad utilicen los organismos de prevención antiterroristas de Argentina, lo cierto es que el Código Penal argentino no provee una estructura legal concreta que permita investigar a aquellas organizaciones que tengan como objetivo la comisión de actos terroristas, tal como lo establecía en su momento la anterior redacción, que penaba la asociación ilícita terrorista mediante el artículo 213 ter y quáter del Código Penal, que daba la base de un delito abstracto que definía justamente la organización per se.

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